Ante los hechos de racismo y violencia ocurridos durante este fin de semana en diferentes comunas de la Región de La Araucanía, como Movimiento Unir expresamos nuestro más absoluto repudio y emplazamos al gobierno, especialmente al nuevo ministro del Interior Víctor Pérez, a tomar todas las acciones necesarias que apunten a evitar enfrentamientos entre civiles y a proteger y resguardar la integridad de todos y todas las chilenas, sin distinción.
Como Movimiento Unir condenamos y rechazamos enérgicamente los actos de violencia y discriminación hacia el pueblo mapuche ocurridos durante este fin de semana en diferentes comunas de La Araucanía. Estos hechos hieren en lo más profundo el alma de Chile, país que debe, de una vez por todas, subsanar la deuda histórica hacia nuestros pueblos originarios que a lo largo de la historia han sido golpeados, humillados y discriminados.
En ese sentido, emplazamos al gobierno, y en especial al nuevo ministro del Interior Víctor Pérez, a rechazar públicamente las manifestaciones racistas que se dieron en La Araucanía y a instruir a las fuerzas policiales con el objetivo de que estas operen bajo la lógica de la no disciminación y la igualdad ante la ley. Principio que, de igual manera, debe ser respetado sin ambigüedades por nuestro sistema judicial.
Junto con esto, llamamos al Presidente Sebastián Piñera a tomar todas la acciones correspondientes para evitar que este tipo de enfrentamientos entre civiles y a transformar en acciones su llamado al diálogo expresado durante su última Cuenta Pública.
Chile es un país diverso, y por lo mismo las instituciones del Estado deben hacerse cargo de esta condición. Como Movimiento Unir nos comprometemos a trabajar y realizar todas las gestiones y acciones posibles a fin de subsanar la condición de discriminación histórica hacia nuestros pueblos originarios, y especialmente al pueblo Mapuche. Esto será abordado, sin duda, durante el proceso constitucional que inicia en el mes de octubre, ocasión en la que esperamos triunfe el Apruebo y la Convención Constitucional como mecanismo para fijar una nueva Carta Fundamental.
